Última actualización: 18 de octubre de 2026. La facturación electrónica B2B ya tiene calendario oficial: el 6 de octubre de 2027 para empresas con más de 8 millones de euros de operaciones y el 6 de octubre de 2028 para el resto. Consulta el calendario completo de la factura electrónica B2B 2027-2028.
Verifactu, por su parte, entra en vigor el 1 de enero de 2027 (sociedades) y el 1 de julio de 2027 (resto de obligados). Te lo contamos en Sistema Verifactu 2027, con sus claves en Verifactu y factura electrónica: 7 diferencias y una guía local en Verifactu para autónomos y pymes del Bages.
Obligación y plazos
La factura electrónica obligatoria está a la vuelta de la esquina: de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, será obligatorio expedir factura electrónica cuando el destinatario de la operación sea empresario o profesional:
- Desde el 6 de octubre de 2027 para los empresarios y profesionales con volumen de operaciones superior a 8.000.000 de euros.
- Desde el 6 de octubre de 2028 para el resto de empresarios y profesionales.
Qué cambia en la factura
El reglamento de facturación (Real Decreto 1007/2023, aprobado el 6 de diciembre de 2023) ya define los requisitos de los programas de facturación. A efectos prácticos, la factura electrónica supondrá que no podrán confeccionarse las facturas mediante un documento Word o una hoja Excel y enviarse después por correo electrónico, como muchos negocios y pequeñas empresas venían haciendo hasta ahora.
Para garantizar la legibilidad, la autenticidad y la integridad de las facturas se exigen requisitos específicos, como por ejemplo:
- Que estén emitidas a través de un programa de facturación homologado o de un software certificado. Esto implica adaptar los sistemas de facturación a los requisitos del software antifraude del artículo 29.2.j) de la Ley General Tributaria: se podrá rectificar una factura, pero no borrar ni alterar su registro informático.
- Que lleven un código alfanumérico identificativo y un código QR.
- Que estén emitidas en un formato accesible para los destinatarios.
- Que incluyan la frase «Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT» o «VeriFactu», un distintivo que garantiza que se cumplen todas las obligaciones tributarias.
¿Cómo funcionará la factura electrónica en España?
El sistema español de factura electrónica B2B estará compuesto por el conjunto de plataformas de intercambio privadas que cumplan los requisitos del real decreto y por la solución pública de facturación electrónica. Esta solución pública cumplirá la función de repositorio de facturas y será gestionada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
La facturación electrónica podrá realizarse mediante plataformas privadas, la solución pública o la combinación de ambas. Las empresas y los profesionales estarán obligados a emitir y transmitir sus facturas electrónicas a clientes empresarios y profesionales, y a recibirlas de sus proveedores, a través de alguna de estas vías.
Estados de factura y morosidad
¿Con la factura electrónica, se «controlará» la fecha de pago o si las facturas «son conformes»? Sí: la Ley Crea y Crece prevé que se aprueben «los requisitos técnicos e información a incluir en la factura electrónica a efectos de verificar la fecha de pago y obtener los periodos medios de pago». Con ello se pretende facilitar la verificación de qué empresas incumplen las normas anti morosidad.
Para luchar contra la morosidad, los destinatarios de facturas electrónicas deberán informar al que expida la factura de los siguientes estados:
- Aceptación o rechazo comercial de la factura y su fecha.
- Pago efectivo completo de la factura y su fecha.
- Adicionalmente, se podrá informar de: aceptación o rechazo comercial parcial y su fecha; pago parcial, importe pagado y su fecha; cesión de la factura a un tercero para su cobro o pago, con identificación del cesionario y su fecha.
Sanciones
Finalmente, se establecerán sanciones de hasta 10.000 euros para quienes, estando obligados a ello, no ofrezcan a los usuarios la posibilidad de recibir facturas electrónicas o no permitan el acceso de las personas que han dejado de ser clientes a sus facturas. Lo mismo aplica a las empresas que presten servicios al público de especial trascendencia económica que no cumplan sus obligaciones adicionales.
